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Historia

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La nueva Constitución de la República Dominicana fue proclamada el 26 de enero del 2010 como resultado de un proceso constituyente participativo y democrático. Esta expresión de la articulación de un amplio consenso nacional permitió la reconfiguración del Estado dominicano, que pasó de un Estado liberal de derecho a un Estado social y democrático de derecho.

El artículo 8 de esta Carta Magna establece que “Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

Más adelante, en su artículo 184 acerca del Tribunal Constitucional, establece que “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria”.

Esta alta corte fue provista de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales núm. 137-11, promulgada en fecha 13 de junio de 2011, y modificada por la Ley núm. 145-11. De acuerdo a lo establecido en el artículo primero de esta ley sobre la naturaleza y autonomía del TC, “El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo de los poderes públicos y los demás órganos del Estado”. En esta instancia judicial se trabaja la Justicia Constitucional, definida por el artículo 5 de la mencionada ley como “ (...) la potestad del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial de pronunciarse en materia constitucional en los asuntos de su competencia. Se realiza mediante procesos y procedimientos jurisdiccionales que tienen como objetivo sancionar las infracciones constitucionales para garantizar la supremacía, integridad, eficacia y defensa del orden constitucional, su adecuada interpretación y la protección efectiva de los derechos fundamentales”.

El Tribunal Constitucional quedó instalado oficialmente a partir de la audiencia solemne celebrada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el 26 de enero de 2012, coincidiendo en su celebración con el Día de Juan Pablo Duarte, primer constitucionalista de la República Dominicana.