Estas Políticas (en adelante, las "Políticas") condicionan el uso de los servicios del portal de Internet https://www.tribunalconstitucional.gob.do (en lo adelante, el "Portal") del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (en lo adelante, “Tribunal Constitucional”), órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, órgano instituido por la Constitución de la República Dominicana de fecha 26 de enero de 2010 y la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de 2011 (modificada por la Ley núm. 145-11 del 4 de julio de 2011). El Tribunal Constitucional es autónomo de los demás poderes públicos y órganos del Estado y posee autonomía administrativa y presupuestaria. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Tiene su sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, pero puede sesionar en cualquier otro lugar de la República Dominicana.
Menores de edad. Para hacer uso de los Servicios que requieran la recopilación de Datos Personales por parte del Tribunal Constitucional a través del Portal, los menores de edad deben obtener permiso previo por parte de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables de todos los actos realizados por los menores dispuestos a su cargo.
Obligación de hacer un uso correcto del Portal y de los Servicios. El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios de conformidad con la ley, las presentes Políticas, los Términos de Uso y demás avisos e instrucciones puestos en su conocimiento, así como el orden público, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas.
El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición al efecto o se hayan indicado en las páginas Web donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en la Internet, siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización del Portal, de los Servicios y/o de los contenidos.
El Usuario o terceros perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas podrán comunicárselo al Tribunal Constitucional remitiendo un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: oai@tc.gob.do.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que se visualizan en el Portal son propiedad del Tribunal Constitucional o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre los citados signos distintivos.
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Disponibilidad y continuidad, utilidad y falibilidad. El Tribunal Constitucional no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal y de los Servicios. Cuando ello sea razonablemente posible, el Tribunal Constitucional advertirá previamente de las interrupciones en el funcionamiento del Portal y de los servicios. El Tribunal Constitucional tampoco garantiza la utilidad del Portal y de los Servicios para la realización de ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de modo excluyente, que el Usuario pueda efectivamente utilizar el Portal y los Servicios, acceder a las distintas páginas Web que forman el Portal o a aquellas desde las que se prestan los Servicios.
El Tribunal Constitucional no se hace responsable por daños y perjuicios de toda naturaleza en que incurran o sufran terceros por el uso de las informaciones ofrecidas en este Portal, que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del portal y de los servicios, a la defraudación de la utilidad que el usuario hubiere podido atribuir al portal y/o a los servicios, a la falibilidad del portal y/o de los servicios, y en particular, aunque no de modo excluyente, a los fallos en el acceso a las distintas páginas web del portal o a aquellas desde las que se prestan los servicios, aunque el Tribunal Constitucional haya sido notificado de que se produzcan.
Privacidad y seguridad en la utilización del Portal y de los Servicios. El Tribunal Constitucional no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Portal y de los Servicios y, en particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que el Usuario hacen del Portal y de los Servicios.
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En el caso de que, cualquier Usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas Web incluidas o accesibles a través del Portal, y, en particular, de la violación de derechos de propiedad intelectual u otros derechos, deberá enviar una notificación a el Tribunal Constitucional en la que se exprese lo siguiente:
Datos personales del reclamante: nombre, número de cédula (o pasaporte, en caso de extranjeros), dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;
Especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en el Portal y, en particular, cuando se trate de una supuesta violación de derechos, indicación precisa y concreta de los contenidos protegidos, así como de su localización en las páginas Web;
Hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha actividad;
En el supuesto de violación de derechos, firma manuscrita o equivalente, con los Datos Personales del titular de los derechos supuestamente infringidos o de la persona autorizada para actuar en nombre y por cuenta de ésta;
Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la información proporcionada en la notificación es exacta y del carácter ilícito de la utilización de los contenidos o de la realización de las actividades descritas.
Las Presentes Políticas se rigen en todas y cada una de sus partes por la Constitución y las leyes de la República Dominicana.