Tribunal Constitucional deja en estado de fallo ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad
El Pleno de jueces conoció los expedientes durante una audiencia pública presidida por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente
SANTO DOMINGO. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), presidido por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, dejó en estado de fallo ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública celebrada en la sede de esta alta corte.
El primer expediente que quedó pendiente de ser fallado el TC-01-2025-0024, que tuvo como accionantes a Ángel Moreta y José Carela de la Rosa, quienes atacaron el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional de fecha 27 de octubre de 2024.
En el mismo estatus está el expediente TC-01-2025-0026 en el que Katherine Esther Arias Sánchez impugnó el artículo 20, numeral 8, de la Ley núm. 2-23, sobre Recurso de Casación, de fecha 17 de enero de 2023.
Los jueces también dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2025-0027, cuyos accionantes Shesnel Alejandro Calcaño Mena y Emmanuel Taveras Santos, refutaron la omisión legislativa respecto al artículo 16, numeral 9, párrafo I de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, del 2 de agosto de 2016, por la omisión de incluir a los defensores públicos de carrera entre los funcionarios con derecho vitalicio al porte y tenencia de armas de fuego.
De igual está a la espera de fallo el expediente TC-01-2025-0029, interpuesto por el Movimiento para el Rescate del CARD, Inc. (Moreca) que atacó los artículos 11 numeral 4, 21, 22, párrafos I y II, 23, 24, 25, 30, 56, 57, 58, párrafo I, II, III, IV y V, y la disposición transitoria segunda de la Ley núm. 3-19, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, de fecha 24 de enero de 2019.
Otro de los expedientes pendiente de fallo es el TC-01-2025-0017, en el que Fernando Antonio Guzmán Castro y el Consorcio de Bancas Real refutaron la de Ordenanza Municipal núm. 2/2024, emitida por la Junta Distrital de Boca de Mao, del municipio Esperanza, provincia Valverde, el 5 de junio de 2024.
En la misma condición está el expediente TC-01-2025-0025, mediante el cual Lilia Fernández León atacó los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 del Decreto núm. 1290, de fecha 2 de agosto del 1983, que ratifica el Código de Ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
De igual manera el expediente TC-01-2025-0031 interpuesto por Wilton Martínez Almonte, Cevero Israel Abreu Almánzar, Juan Martínez Salcedo, Polania de la Cruz y Juan Carlos Martínez Monegro en contra de la Resolución IDA/DGNO.0063, de fecha 15 de enero de 2024, emitida por el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), quedó pendiente de fallo.
Finalmente, los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2025-0035 interpuesto por Amado A. Moquete Tena, Mercedes Cruz Sánchez y Robinson F. Martínez Rosario, quienes atacaron el ordinal primero de la Resolución núm. 21-2025, del 25 de abril de 2025, que dispone sobre el uso de medios digitales en los tribunales del orden civil, penal, contencioso administrativo y tributario ubicados en el edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, debido a riesgos para la seguridad de jueces, servidores judiciales y usuarios.
En la audiencia pública estuvieron presentes, además del magistrado Valera Montero, los magistrados Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.
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