Tribunal Constitucional debate sobre el derecho a un medio ambiente sano durante coloquio virtual

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) realizó, través de su Centro de Estudios Constitucionales (CEC), la sexta edición de sus Coloquios Constitucionales Virtuales, que tituló «Derechos colectivos y difusos: hacia una protección efectiva del Derecho Fundamental a un Medio Ambiente Sano».

El evento, que tiene como objetivo generar debates universitarios entre académicos, expertos y estudiantes sobre problemas actuales y de interés en materia de derecho, estuvo dedicado a la memoria del magistrado Juan Alfredo Biaggi Lama, quien fue juez titular del Tribunal Superior Electoral y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UNPHU, universidad anfitriona.

El magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, juez del TC y coordinador del CEC, pronunció las palabras motivacionales al encabezar la actividad, en las que destacó la vida y carrera profesional del magistrado Biaggi Lama.

«Un verdadero ser humano que vino con la encomienda de dejarnos un legado inolvidable; ahí está su trabajo, su integridad en el ejercicio jurisdiccional y su sabiduría en lo que es la doctrina jurídica», expresó.

Por otro lado, Vargas Guerrero indicó que la reforma a la Constitución en 2010 trajo un catálogo importante de derechos fundamentales, como también el mandato de que el TC enseñe la carta magna, para que los ciudadanos estén conscientes de cuáles son sus derechos y deberes.

Los debates estuvieron a cargo del magistrado José Alejandro Ayuso, juez del TC; Aracelis Fernández Estrella, profesora de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); Luis Carvajal, representante de la Academia de Ciencias; Armando Paíno Henríquez Dájer, director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible), y Julia Ortega Bernardo, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. La modera del evento fue la Lic. Laia Rojas, directora interina del CEC.

El magistrado Ayuso habló sobre los derechos colectivos y difusos, los cuales dijo que, en la República Dominicana, fueron introducidos en la Constitución en la reforma constitucional del 2010.

Precisó que la protección del medio ambiente tiene un carácter supranacional porque transciende fronteras, y que este derecho consta de dos dimensiones:  la objetiva, que es el deber del Estado de prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente, y la subjetiva, de que toda persona tiene derecho al uso y gozo de los recursos naturales.

El juez del órgano constitucional citó algunas sentencias del TC en las que se establecieron precedentes sobre el alcance del derecho a un medio ambiente sano, entre ellas los casos de Loma Miranda, Palmarejo, Cayo Levantado y otros parques nacionales.

De su lado, Fernández Estrella abordó los aspectos fundamentales de la Ley 64-00, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre los que destacó la creación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (actual Ministerio) y las principales competencias que dicha ley pone a su cargo.

Dijo que la normativa se basa en los principios que rigen el derecho ambiental, a saber, “quien contamina paga”, prevención y precaución. Además, indicó que las competencias del ministerio son muy variadas, y van desde la vigilancia y control de las actividades que pueden causar daño al medio ambiente, hasta la imposición de sanción y/o exigencia de responsabilidad objetiva. Destacó la necesidad de que este ministerio trabaje con el Ministerio de Educación para ofrecer a nuestros estudiantes una sólida educación ambiental desde temprana edad.

A esta exposición, le siguió la del ambientalista Luis Carvajal, quien manifestó que los principales problemas medioambientales del país son el incumpliendo de las leyes, la falta de institucionalidad y la falta de ética pública en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales.  Resaltó el papel que ha jugado la comunidad ambientalista de la Republica Dominicana en la defensa del medio ambiente en el país, que ha logrado una alianza sin precedentes con la comunidad académica del país.

Expresó su gran preocupación por el hecho de que todas las cuencas altas de nuestro país están concesionadas a la actividad minera, lo cual constituye un grave riesgo para la producción de aguas. Esto aunado a una ausencia de políticas territoriales que tome como referencia al agua como eje ordenador.

Asimismo, felicitó al TC por lo que ha establecido en las sentencias que tienen que ver con este tema.

Mientras que Henríquez Dájer destacó como uno de los grandes aportes de la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el establecer al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como órgano rector en materia de gestión de residuos de residuos sólidos. Entre las competencias que esta ley pone a cargo de este ministerio se encuentra la definición de las políticas públicas a nivel nacional en materia de gestión de residuos y la aprobación del plan nacional de gestión integral de residuos sólidos. Para organizar este nuevo sector el Ministerio tiene a su cargo la aprobación de unos 17 reglamentos para reducir lo más posible impactos negativos al medio ambiente.

Definió el Fideicomiso como un instrumento económico-financiero para comenzar a buscar la sostenibilidad en un sector al que nunca le hemos dado la importancia ni la inversión que necesita. Señaló que el principal reto que tiene el país es el manejo de los residuos sólidos, ya que actualmente hay unos 240 vertederos a cielo abierto que contaminan el aire y el suelo unado a la falta de recursos

Pasando al ámbito internacional, Julia Ortega Bernardo, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, explicó que los principales resultados de la aplicación de un sistema integral de residuos sólidos en España son satisfactorios, pero que sigue siendo un reto actualmente.

Desde la implantación de este sistema de gestión en la década de los 70 han existido 4 leyes. De forma especial se refirió a los principios básicos de la materia, a saber: el principio de priorización (las 3Rs), de corrección en la fuente de generación y eficiencia en la gestión, de planeación y de responsabilidad de los productores.

Calificó como reto pendiente de la gestión integral de residuos en España el reciclaje, actividad que no se está cumpliendo como debería. Para afrontar este reto la ley actualmente vigente  incorpora un cambio de paradigma que pretende que los servicios públicos de basura sean autofinanciables a través de la incorporación de una tasa por servicio que podría equivaler a tres veces mas de lo que se paga actualmente.

Luego de los debates, realizados en el sala Max Henríquez Ureña de la UNPHU y transmitidos en vivo a través de los canales digitales del TC, se hizo una ronda de preguntas con los alumnos presentes, y finalmente el estudiante de esta casa de altos estudios, Vantroi Reyes Hinojosa, leyó la relatoría del evento jurídico.

Al inicio de la actividad, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Directora interina de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNPHU, Lic. Patricia Pérez, quien agradeció en nombre de la universidad esta iniciativa.  De igual forma destacó el legado del Dr. Alfredo Biaggi Lama como académico, maestro de varias generaciones de juristas y juez ejemplar, defensor incansable de los derechos humanos.

Imágenes del evento