Tribunal Constitucional debate sobre el derecho a la salud y sus principales retos

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional, a través de su Centro de Estudios Constitucionales (CEC), realizó la quinta edición de este año de sus coloquios constitucionales, con el título «Derecho a la salud», en el que se conversó sobre el alcance este derecho establecido en la carta magna y se plantearon los principales retos para garantizar su protección.

El evento contó con la participación de la magistrada emérita de esta alta corte Katia Miguelina Jiménez Martínez, el maestro Manuel Mancebo, representante de la Universidad de la Tercera Edad (UTE), universidad anfitriona; el abogado y profesor Roberto Medina Reyes y la estudiante Mildred Moquete, quien fue la relatora. La moderación estuvo a cargo de la Dra. Mayra Cabral Brea, directora del CEC.

La magistrada Jiménez Martínez inició el coloquio precisando que el derecho a la salud es sumamente importante dentro de una sociedad, pues una población enferma no puede desarrollarse.

«Sin salud una población no puede estudiar o trabajar, no puede desarrollarse como ser humano como individuo… una población enferma, definitivamente, no puede obrar con dignidad y desarrollarse, por esa razón el derecho a la salud está constitucionalizado», sostuvo.

Indicó que este derecho no se limita a prestar servicios médicos a las personas, sino que también abarca el hecho de que las personas tengan alimentos aptos para el consumo, un medioambiente sano y acceso a agua potable, entre otros.

Jiménez Martínez explicó que el derecho a la salud fue concebido por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1961, y que en la República Dominicana los alcances del mismo están establecidos en el artículo 61 de la carta magna.

Trayendo el tema al contexto actual, el maestro Mancebo habló sobre el cambio del paradigma de acceso a la salud tras la COVID-19, e indicó que el mismo varió desde el primer momento de la pandemia, puesto que, ante una crisis sanitaria mundial, hubo que establecer medidas de emergencia.

«Realmente, el COVID-19 vino a cambiarlo todo en materia de salud, y en materia de paradigma de acceso a la salud el mundo cambió, ya no era lo mismo; ahí comienzan los confinamientos, el distanciamiento social, el uso de los tapabocas, los periodos de cuarentena… se cierra la economía mundial», manifestó.

Mancebo dijo que la atención médica era únicamente para la pandemia y fueron desatendidas todas las demás especialidades de la medicina, originando un caos generalizado en el que quedaron en evidencia las desigualdades entre las personas. Sostuvo, además, que durante este tiempo se incrementó el uso de innovaciones tecnológicas como la telemedicina.

Al ser preguntado sobre si es posible justificar constitucionalmente intervenciones médicas en la esfera privada de los individuos, el abogado Medina Reyes indicó que los derechos no son absolutos y hay causas justificadas que permiten al Estado romper esa esfera privada.

«Hay límites al ejercicio, a ese derecho a la integridad personal, a ese derecho a la autodeterminación y, sobre todo, a ese principio a la autonomía de la voluntad», expuso.

En ese sentido, explicó que la Constitución establece límites en el ejercicio del derecho a la integridad personal cuando la vida de la persona corre peligro y cuando se pone en juego la salud y la integridad de la colectividad.

Medina Reyes precisó que las medidas que se adopten para limitar ese derecho deben manejarse en base a los principios de legalidad y de proporcionalidad o razonabilidad.

Los panelistas concluyeron el coloquio citando los principales retos que vencer para garantizar la debida tutela constitucional del derecho a la salud e indicando que las personas tienen que empoderarse y exigir ante los tribunales el acceso a la atención médica y el Estado debe cumplir más su rol de proteger y garantizar este derecho.

Las palabras de bienvenida de este evento, que tiene como objetivo generar debates universitarios sobre temas de derecho, estuvo a cargo de la rectora de la UTE, Lic. Altagracia Núñez, quien destacó que es un alto honor para la institución contar con el apoyo del TC para fomentar los principios de identidad nacional.

El conversatorio, realizado en el salón de actos de la UTE, fue transmitido por las plataformas digitales del TC.

 

 

 

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