La actividad académica contó con la participación de la doctora Julia Ortega Bernardo, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid
SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) y su Centro de Estudios Constitucionales (CEC) realizaron la Segunda Conferencia Internacional en Aula Híbrida, que tuvo como invitada a la Dra. Julia Ortega Bernardo, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, con la disertación «La vertiente objetiva de los derechos fundamentales: su protección a través de acciones positivas de la administración».
Esta actividad, dirigida a la comunidad jurídica y transmitida a través de Facebook Live, Instagram y YouTube, contó con la participación del magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, quien dio las palabras de apertura, y con la directora interina del CEC, Laia Rojas Alfau, quien leyó la hoja de vida de la disertante.
En su presentación, Ortega Bernardo dijo que, a pesar de ser una teoría consolidada en la jurisprudencia española, los efectos de la reciente pandemia de COVID-19 motivaron un nuevo análisis de la teoría general de derechos humanos que dio como resultado pronunciamientos importantes del Tribunal Constitucional de la nación europea.
«La incertidumbre que ocasionó la pandemia en nuestras vidas también tuvo un reflejo en el ámbito jurídico», manifestó Ortega al señalar que no había certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable a las medidas restrictivas de derechos fundamentales que se impusieron para paliar la alarma sanitaria, lo que permitió conocer luces y sombras de la referida teoría.
Ante este escenario, «los juristas de derecho público, constitucionalistas y administrativistas debatieron la posibilidad de que el estado de alarma fuera cobertura jurídica suficiente para la adopción de esas medidas», explicó la especialista.
Destacó que, en el año 2020, el Tribunal Constitucional declaró que esas medidas eran inconstitucionales porque en lugar de un estado de alarma tenía que haberse declarado un estado de excepción, por lo que dicha sentencia fue objeto de debate y reflexión en las universidades, así como en foros académicos y sociales.
Durante su conferencia, Ortega también habló sobre la eficacia directa que tienen los derechos fundamentales frente a todos los poderes públicos, incluso frente al legislador.
«Los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución y tienen efectos directos, por lo que no es necesario ninguna intervención de los poderes públicos para que las personas puedan ejercer los derechos de libertad de pensamiento, de libertad de creencias y libertad de expresión», aseguró.
La profesora concluyó que la administración en un Estado de derecho no puede interferir en el libre ejercicio de la libertad de expresión y de información.
A esta disertación realizada en el TC, asistieron estudiantes de la Universidad INCE, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), docentes y servidores constitucionales.