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Presidente TC saluda posición del Listín Diario sobre ubicación de su sede y de la JCE

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Publicación: Viernes 23 de Febrero , 2018 / 01:36 A.M.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TCRD), magistrado Milton Ray Guevara, saludó la posición del periódico Listín Diario que a través de su editorial titulado “Dos leyes que ameritan cambios” demanda la revisión por parte del Congreso Nacional de la Ley núm. 163-01, que crea la provincia de Santo Domingo, debido a una inadvertencia que afecta a la Junta Central Electoral y al TC.

El matutino expresa que, de acuerdo con sus leyes orgánicas núm. 275-97 y 137-11, respectivamente, las sedes de ambos organismos deben quedar enmarcadas en el Distrito Nacional y, sin embargo, funcionan en la avenida Gregorio Luperón, la cual figura en la jurisdicción del municipio Santo Domingo Oeste.

En una misiva dirigida al director del Listín Diario, Miguel Franjul, el magistrado Milton Ray Guevara afirmó que la Ley núm. 163-0,1 que crea la provincia de Santo Domingo y tres municipios, ocasiona dificultades para el funcionamiento riguroso del Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral. 

Destacó que la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal y de los Procedimientos Constitucionales dispone en su artículo 8 que el TCRD tiene como sede la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

Explicó que al ser dotado de una sede fuera de esta jurisdicción, el 8 de agosto de 2012 el Pleno del TCRD aprobó la resolución TC/0001/12, estableciendo de manera provisional la sede del organismo en el espacio físico que ocupa actualmente y que comparte con el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).

El presidente del órgano constitucional afirmó que la referida resolución ha permitido al Tribunal Constitucional sesionar válidamente desde su integración y que hasta la fecha ha dictado más de 3000 sentencias. 

El magistrado Ray Guevara agradeció profundamente la posición del Listín Diario y exhortó al Congreso Nacional a escuchar el referido llamado que, a su juicio, no tiene mayor interés que el de regularizar mediante ley una realidad que afecta tanto a la JCE como al TC y que dista del mandato de las leyes orgánicas de ambas instituciones.