Magistrados del TC participan en Congreso Internacional en Madrid
La jueza Eunisis Vásquez Acosta se refirió a la transformación social del derecho a través de la jurisprudencia y la doctrina, mientras que el juez Manuel Ulises Bonnelly Vega disertó acerca de los aportes de la jurisprudencia del TC y la SCJ al Estado de derecho
MADRID, España. La magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente del Tribunal Constitucional (TC), y el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez del TC y coordinador del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), participaron como panelistas en el Congreso Internacional «Rule of Law and the New Challenges of the Judiciary», celebrado en Madrid, España, los días 23 y 24 de octubre.
Durante el encuentro, la jueza Vásquez Acosta dictó la ponencia titulada «La transformación social del derecho a través de la jurisprudencia y la doctrina», en la que resaltó que las sentencias dictadas por esta alta corte han dignificado a sectores que históricamente habían sido excluidos.
Resaltó que, desde su entrada en funcionamiento en 2012, el TC ha venido construyendo, sentencia a sentencia, una nueva cultura jurídica constitucional en la República Dominicana. «En menos de quince años, el TC, del que me siento honrada de formar parte, ha dictado cientos de sentencias, muchas de ellas de gran trascendencia para la sociedad dominicana», expresó.
Indicó que el derecho se convierte en un instrumento de transformación social cada vez que los principios constitucionales cobran vida mediante la interpretación judicial garantista. «Lo hemos constatado con nitidez en la experiencia dominicana reciente, donde la justicia constitucional se ha constituido en herramienta efectiva para la dignificación de los sectores históricamente excluidos», expuso.
La jueza constitucional añadió que la jurisprudencia constitucional ha servido para ensanchar la ciudadanía, garantizar la equidad de género en la política y en la familia, proteger los derechos de las personas con discapacidad y defender al consumidor frente a abusos institucionales.
En ese sentido, resaltó algunas sentencias con las que el TC ha protegido derechos fundamentales de grupos tradicionalmente relegados, cumpliendo con su misión de garantizar la supremacía de la Constitución, como la TC/0159/13, que constituyó un pronunciamiento magistral en defensa de la participación política equilibrada de la mujer, y la TC/0104/20, con la que reforzó la equidad de género electoral.
También citó la Sentencia TC/0012/12, con la que esta alta corte afirmó que se deben reconocer los efectos jurídicos de las uniones libres estables, tal como indica la Constitución; la Sentencia TC/0226/21, que promovió un ordenamiento jurídico más inclusivo y respetuoso de la dignidad de las personas, independientemente de su edad o género, y las sentencias TC/0484/16 y TC/0161/13, que amplían el acceso a la justicia, refuerzan el control sobre los datos personales y rechazan prácticas administrativas desproporcionadas.
En cuanto a la inclusión y la igualdad en el acceso a los derechos civiles, Vásquez Acosta mencionó que a través de la decisión TC/0492/24, se agregó a la ley la posibilidad de que las personas con discapacidad del habla u otras condiciones que impidieran la expresión oral pudieran manifestar su consentimiento matrimonial mediante métodos alternativos de comunicación adecuados y efectivos.
Basándose en todo esto, expresó que cuando los tribunales constitucionales cumplen valiente y rigurosamente su misión, el Estado de derecho se robustece y la sociedad entera se beneficia. Afirmó, además, que el Estado de derecho enfrenta nuevos retos constantemente, tanto tecnológicos como ambientales y sanitarios, por lo que requerirá seguir transformándose, «siempre con la mira en la dignidad humana», para responder a ellos.
«Los derechos y la justicia se construyen ladrillo a ladrillo, caso a caso. Cada sentencia es una pieza vital del ordenamiento y cada aportación jurisprudencial constituye un cimiento que construye la realidad jurídica y social. Los jueces, los académicos, los legisladores y los ciudadanos estamos juntos en esa empresa de construcción», expresó la magistrada Vásquez Acosta.
Magistrado Bonnelly Vega
El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega disertó acerca de los «Aportes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia al Estado de derecho», donde destacó que la República Dominicana siempre ha tenido Constitución, desde su nacimiento en 1844, y ha reconocido de manera formal el Estado de derecho.
El juez del TC, quien también es coordinador del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) de esta corte, señaló que, a partir de la reforma constitucional de 2010, fruto de un consenso político y social, el catálogo de derechos y garantías reconocidos a favor de las personas se amplía con la inclusión de los llamados derechos socioeconómicos, que forman parte de los derechos fundamentales.
También señaló que Constitución de 2010 es considerada «la más avanzada de Latinoamérica» y recordó que algunos juristas españoles contribuyeron al proceso de reflexión que culminó con su aprobación, entre los que mencionó a Pedro González-Trevijano y Enrique Arnaldo Alcubilla.
El magistrado Bonnelly Vega indicó que uno de sus grandes aportes fue la creación de una jurisdicción constitucional especializada, lo que permitió la creación del Tribunal Constitucional, que se instaló en 2012, un proceso en el que participaron varios juristas españoles, entre ellos Pascual Sala Sánchez, Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón Reyes, Francisco Pérez de los Cobos y Juan González Rivas, además de González-Trevijano.
Opinó que la jurisprudencia del TC dominicano es muy vasta, si se toma en cuenta que solo tiene trece años en funcionamiento, y enfatizó sus relevantes aportes a la consolidación del Estado de derecho, entre los que se refirió a las sentencias TC/0033/12 y TC/0070/15, que abordaron temas relacionados con la igualdad.
También mencionó las sentencias TC/0058/13 y TC/0064/19, sobre el derecho a la educación en diferentes modalidades; la TC/0167/13, sobre la protección del medio ambiente; la TC/0106/19, relacionada con el libre acceso a espacios públicos; la TC/0479/21, que hace referencia a la seguridad social; la TC/1078/23, relacionada con el derecho a la vida; y la TC/0225/25, en la que esta alta corte hizo referencia al uso de nombres o motes en casos sometidos por la justicia.
Sobre el panel
El conversatorio estuvo moderado por Wooby Jacques Oris. También participaron el juez Justiniano Montero Montero, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana, y Laura Claribel Ramírez Paulino, coordinadora en la Primera Sala de la SCJ y coordinadora académica en el Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho.
El Congreso Internacional «Rule of Law and the New Challenges of the Judiciary», que estuvo dedicado al profesor Rainer Arnold, se realizó en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y reunió a más de cincuenta expertos en derecho procedentes de dieciséis países, que participaron en ocho mesas de debate dedicadas a reflexionar sobre los desafíos actuales del sistema judicial en relación con el Estado de derecho.
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