Magistrado Díaz Filpo dicta conferencia sobre responsabilidad patrimonial del Estado por violación a los derechos fundamentales en la UASD

SANTO DOMINGO- El magistrado Rafael Díaz Filpo, juez del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que de acuerdo a la dimensión sustantiva del derecho de reparación, el Estado tiene la obligación de reparar el daño sufrido por una persona a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de las actuaciones vulneradoras de los derechos.

El juez del TC dictó la conferencia “Responsabilidad patrimonial del Estado por violación a los derechos fundamentales” en el paraninfo de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) durante la inauguración de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de dicha institución de altos estudios.

En su alocución destacó que la reparación no sólo es una obligación con la que el Estado debe cumplir, sino que, a su vez, configura un derecho humano en favor de las personas.

Precisó que el derecho a la reparación abarca una dimensión procesal y otra sustantiva. “Conforme a la dimensión procesal, los Estados tienen el deber de proveer o garantizar recursos efectivos en el ámbito doméstico. Esto se traduce, básicamente, en el derecho de acceso a la justicia, mediante el cual toda demanda o reclamo por la violación de derechos humanos debe ser atendida y decidida por las instancias estatales pertinentes”, señaló.

El magistrado Díaz Filpo manifestó que de conformidad con el artículo 68 de la Constitución dominicana, se garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de la tutela y protección que ofrecen a la persona la posibilidad de tutelar sus derechos frente a sus deudores.

“Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la Constitución y la ley”, aseveró, recordando que la Constitución dominicana establece un catálogo de garantías a los derechos fundamentales, como son la acción de hábeas data, de hábeas corpus y la acción de amparo.

Díaz Filpo aseguró que la responsabilidad patrimonial del Estado hace referencia a la obligación que este tiene de resarcir el daño que ha ocasionado una institución o un funcionario de la Administración.

“La Constitución dominicana de 2010 constitucionalizó, por primera vez, en el artículo 148, la responsabilidad patrimonial que tienen las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios por los daños y perjuicios causados a las personas físicas o jurídicas por un hecho antijurídico”, afirmó.

Apuntó que según ordena el artículo 147 de la Constitución: “Los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo”, y el Tribunal Constitucional ha opinado sobre los temas precedentemente reseñados; también dijo que se destacan otros derechos o garantías frente a la Administración “derivados de su sometimiento al derecho y del derecho a la buena administración”.

Díaz Filpo finalizó citando al profesor y jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien dijo que los derechos valen lo que vale su garantía, toda vez que la existencia de los  derechos se debe a los mecanismos que garantizan su protección y su resarcimiento en caso de violación.

Sobre el acto

Durante la inauguración de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Bautista López García, destacó que el objetivo de este curso de especialización es dotar a los participantes de los conocimientos de derecho constitucional, proporcionándoles las herramientas teóricas y metodológicas para una defensa digna del derecho del ciudadano que está contemplado en la Constitución del 2010 en relación a los derechos fundamentales.

La mesa de honor estuvo integrada, además del conferencista y juez del TC, Rafael Díaz Filpo, por Bautista López García y Rosalía Sosa, decano y la vicedecana de Ciencias Jurídicas y Políticas, respectivamente; Héctor Pereyra, director de la Escuela de Derecho; Juana Inés Ferreira, directora de la Unidad de Postgrado y Tony Tejada, coordinador de la actividad.

 

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