Magistrado Bonnelly Vega resalta el debido proceso como pilar del Estado social y democrático de derecho

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Publicación: Miércoles 18 de Noviembre , 2026 / 10:31 A. M.
Magistrado Bonnelly Vega resalta el debido proceso como pilar del Estado social y democrático de derecho

En una conferencia dictada en la PUCMM Santiago, el magistrado señaló que este recurso garantiza la protección de los derechos fundamentales y limita el poder sancionador del Estado

SANTIAGO. El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que el debido proceso constituye una garantía esencial para la protección de los derechos fundamentales y la preservación del Estado social y democrático de derecho. 

Al dictar la conferencia «El debido proceso como fundamento del Estado social y democrático de derecho», en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santiago, el juez constitucional indicó que el debido proceso no es simple tinta derramada en un papel.  

Sostuvo que este principio jurídico representa la decisión de una sociedad democrática de imponer límites al poder sancionador del Estado, garantizando que la persecución de los delitos se realice con respeto a los derechos fundamentales y no mediante mecanismos arbitrarios o carentes de garantías. 

En ese sentido, Bonnelly Vega explicó que el artículo 69 de la Constitución consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso mediante un catálogo de garantías mínimas: el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable por una jurisdicción competente, independiente e imparcial; a que se presuma la inocencia y a ser tratado como tal mientras no exista sentencia irrevocable que determine lo contrario; el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, y la debida motivación de la sentencia.  

Consideró que cada una de las garantías mencionadas «son el precio de vivir en democracia», de ser parte de un Estado social y democrático de derecho, como se define el Estado dominicano en el artículo 7 de la carta magna.   

«Ese precio hay que pagarlo de manera constante, incluso cuando resulta impopular… Una garantía que únicamente se respeta cuando no cuesta nada solo merece llamarse arbitrariedad», expresó.  

Bonnelly Vega hizo énfasis en que el Estado social y democrático de derecho al que se acogió el pueblo dominicano solo se materializa cuando hay un apego irrestricto al debido proceso en cada caso, sin importar la materia, tal y como lo ha dicho en varias ocasiones el TC.  

Precisó que el TC ha sido consistente en definir el debido proceso como el principio que exige que las actuaciones procesales se ciñan a los parámetros fijados por las normas destinadas a regularlas, según lo estableció en las sentencias TC/0006/14 y TC/0331/14.  

Sobre este punto, el juez constitucional recordó que el TC es el encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. «Me atrevo a asegurarles que ni yo ni ninguno de mis colegas estamos dispuestos a renunciar al sagrado deber de proteger los derechos fundamentales que nos ha encomendado la Constitución», expresó.  

El magistrado Bonnelly Vega manifestó que todos los actores del sistema de justicia tienen el compromiso de contribuir en el sostenimiento de la democracia y, por ende, defender los derechos fundamentales. 

Sostuvo que cada vez que un tribunal tutela la presunción de inocencia, declara irrazonable una prisión preventiva prolongada o anula una sentencia carente de motivación suficiente, no debilita la lucha contra el delito, sino que fortalece la legitimidad del sistema de justicia al asegurar que la persecución penal se desarrolle dentro de los límites constitucionales. 

En este sentido, el magistrado reconoció que el respeto de las garantías procesales puede implicar costos y desafíos para los operadores del sistema, especialmente cuando errores atribuibles al propio Estado afectan el curso de un proceso. 

No obstante, Bonnelly Vega advirtió que una justicia desprovista de garantías tendría consecuencias mucho más graves para la libertad y la seguridad jurídica y recordó que la defensa de los derechos fundamentales beneficia a toda la sociedad, al garantizar la protección de los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado. 

Previo a la conferencia, la maestra Josefina Almánzar, docente de la Escuela de Derecho de la PUCMM, agradeció al tribunal por realizar la actividad y afirmó que esta alta corte desde su formación, «ha estado empeñado en trabajar diaria y constantemente en la construcción de una cultura constitucional donde la ciudadanía conozca a la Constitución de una manera cercana y la haga propia, la sienta suya».  

Al acto asistieron el vicerrector académico, Eduardo Reynoso; jueces de Santiago, maestros, abogados y estudiantes.  

Imágenes del evento

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