Magistrada Díaz Inoa afirma TC, trabaja para reivindicando los derechos de la mujer y garantizando la igualdad de género.

MENDOZA, Argentina. La magistrada Sonia Díaz Inoa, jueza del Tribunal Constitucional (TC), dictó la conferencia «Estatus de la situación de la mujer y sus derechos en la República Dominicana» durante su participación en el XXI Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, que se llevó en Mendoza, Argentina.

En su disertación, la jueza afirmó que el TC con sus decisiones ha reivindicado derechos de la mujer dominicana dando cumplimiento así con los mandatos de la Constitución, que establece un amplio catálogo de principios, valores y derechos en favor de las mujeres y obliga al Estado dominicano a promover medidas que garanticen la erradicación de las desigualdades y la discriminación por razones de género.

«El Tribunal Constitucional dominicano ha dictado una serie de sentencias mediante las cuales ha fijado una línea jurisprudencial tendente a reivindicar derechos de la mujer y a garantizar condiciones jurídicas de igualdad con relación al hombre, frente a la tradición histórica de exclusión, discriminación, violencia y vulnerabilidad a que ha sido sometida la mujer no solo en la República Dominicana, sino en Latinoamérica y el mundo», expuso.

Precisó que decisiones emitidas por esta alta corte abarcan desde medidas de prevención del Estado contra la violencia de género e intrafamiliar en los procesos en los que ha habido denuncias por parte de las víctimas, reconocimiento de los derechos civiles  de las mujeres y a la pensión por sobrevivencia producto de uniones libres, hasta reconocer y facilitar el derecho a la participación política de las mujeres mediante porcentajes o cuotas establecidos por el legislador como medidas de acción positiva.

Sobre estos temas, Díaz Inoa mencionó las sentencias TC/0010/12, sobre medidas de prevención de violencia de género e intrafamiliar y acoso sexual; TC/0064/23, relacionada al acoso sexual en el ámbito policial, y la TC/1233/24, que aborda la definición de la figura del incesto como agravante o como tipo penal de las agresiones y violaciones sexuales.

Asimismo, hizo referencia a las sentencias TC/0278/15, que establece en el régimen de comunidad de bienes derechos igualitarios de la mujer casada con el esposo; TC/0278/15, sobre la protección del principio de igualdad de la mujer en el procedimiento de divorcio y TC/0012/12, que reconoció el derecho a pensión por sobrevivencia en las uniones libres.

La magistrada también habló sobre la jurisprudencia del TC que reconoce derechos de participación política de la mujer en igualdad de género, citando las sentencias TC/0159/13 y TC/0156/21 dictadas en ese sentido.

«Pese a que siguen prevaleciendo niveles preocupantes de desigualdad, así como de violencia de género y feminicidios, entre otras cuestiones desfavorables en perjuicio de la mujer, el máximo órgano de interpretación constitucional dominicano ha venido reconociendo y reivindicando esos derechos», expresó.

No basta con sentencias y leyes

La magistrada Díaz Inoa afirmó que el reconocimiento de derechos subjetivos en favor de las mujeres en la Constitución, las leyes y las sentencias resultan insuficientes si no se acompañan de políticas públicas efectivas encaminadas a enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas y la desigualdad.

«Más allá de los derechos establecidos en la carta sustantiva y de las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional en favor de las mujeres, los altos índices de violencia contra mujeres y niñas que se registran en el país constituyen un tema de preocupación nacional cuya realidad trasciende los derechos constitucionales y las sentencias dictadas por el órgano constitucional», expuso.

En ese sentido, la jueza constitucional indicó que existen serios problemas, entre que mencionó la violencia de género y los feminicidios. A esto se suma la violencia política contra las mujeres y la violencia estructural, pues la escasa participación femenina en los puestos de poder, en los que se trazan las políticas públicas y se toman las grandes decisiones «no tiene explicación lógica» —afirmó— tomando en consideración que las mujeres son mayoría en la población.

Díaz Inoa sugirió cuatro acciones que se podrían implementar para revertir esta realidad. La primera es establecer la educación en igualdad de género y sexual desde el preescolar en las escuelas públicas y privadas.

Asimismo, consideró necesario capacitar a todos los actores del sistema de justicia en perspectiva de género, requiriendo a fiscales, jueces, defensores públicos y policía auxiliar aplicar la Constitución y los instrumentos de derecho nacionales e internacionales en favor de las víctimas de violencia de género e intrafamiliar y de las mujeres en general que acudan al sistema de justicia. 

También propuso crear un sistema de supervisión a los actores del sistema de justicia en la aplicación de la Constitución, las convenciones internacionales y las leyes que protegen a las mujeres y las niñas, a fin de llegar a tolerancia cero a la violencia de género e intrafamiliar y a los delitos sexuales.

Y, finalmente, aprobar una ley contra la violencia de género e intrafamiliar, basada en la prevención de la violencia y no en el modelo de persecución penal que existe en la actualidad.

En este evento internacional también estuvo participando la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, jueza del Tribunal Constitucional. El encuentro reunió a más de 150 juezas que integran tribunales superiores de Latinoamérica, quienes abordaron diversos temas en las distintas conferencias y mesas de trabajo.

 

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