Montserrat Pérez indicó que el derecho al olvido surge como un remedio a la vulneración de derechos como el honor, la dignidad, la propia imagen y a la privacidad
SANTO DOMINGO. Montserrat Pérez, directora de Despacho de Presidencia del Tribunal Constitucional(TC), participó en el panel «Tecnología, privacidad y ciberseguridad» en el marco de la 29.ª edición del World Law Congress, celebrado durante tres días en el país.
Durante su intervención, Pérez se refirió al derecho al olvido como un vehículo o mecanismo para solicitar que se indiquen aquellos datos personales que circulan y que pueden estar desactualizados o vulnerar nuestra privacidad y otros derechos, para restringir su acceso.
«Entendemos que ante el cambio de paradigma debe verificarse un fortalecimiento de los derechos fundamentales; debemos delimitar y verificar que la transformación digital incidirá en derechos como el de acceso a la red, a la invisibilidad y, sobre todo, la autodeterminación».
Indicó que el derecho al olvido surge básicamente para que los internautas y los ciudadanos tengan un mayor control del tratamiento de los datos que se realizan en la web, medios digitales, hemerotecas digitales, buscadores y redes sociales.
En cuanto a las tecnologías emergentes en las redes sociales, Pérez precisó que lo que abarca el contexto digital, con el surgimiento de las tecnologías como la revolución 4.0, el acceso a dispositivos, mecanismos de comunicación masiva, la utilización de recursos informáticos y los recursos inagotables de la internet, se ha derivado una justa y gran preocupación y ha surgido la necesidad de regular actividades, protocolos y procesos que utilizan datos.
Destacó que las nuevas tecnologías y el almacenamiento masivo y descontrolado de información ha dado paso a que en las plataformas digitales se cree una memoria infinita que comparte datos personales sin límites, poniendo a disposición del internauta toda la información disponible sobre una persona, evento o hecho particular, lo que puede crear situaciones diversas que amenazan o vulneran derechos que deberían estar protegidos.
Recalcó que el derecho al olvido surge como un mecanismo de tutela y control en contra de aquellos que no hacen un uso responsable de la información que se encuentra publicada y lo definió como «una herramienta imprescindible en el ámbito de las redes sociales, pues con el mismo se puede exigir que la aplicación o plataforma no divulgue información de manera masiva, siempre y cuando se traten de aspectos de datos personales», ya que los intercambios de data en las redes constituyen riesgos para los derechos de la personalidad.
La directora de Despacho de Presidencia de este tribunal señaló que es importante el fortalecimiento de los derechos fundamentales, en el sentido de que ante estos cambios de paradigma tecnológico se debe delimitar el grado de afectación que esta transformación digital va ejerciendo sobre algunos derechos, como el acceso a la red, la identidad digital segura, el derecho a la intimidad, al honor y a la autodeterminación dentro de las redes.
Sobre esto abordó también el derecho a la protección de datos personales, que tiene como prerrogativa que los internautas o ciudadanos pueden acceder por ellos mismos a las informaciones personales que se encuentran en la Web, y decidir cuáles límites puede tener una tercera persona para el uso de esos datos.
En el conversatorio, moderado por Irene Esteban, directora adjunta de la World Law Foundation y abogada especializada en protección de datos, también estuvieron como panelistas el abogado dominicano Olivo Rodríguez Huertas; Tamta Margvelashvili, directora de la práctica de Competencia, Capitales y Mercados Financieros en Nodia, Urumashvili and Partners, de Georgia; Sonila Hoxha, jueza en comisión de servicio del Tribunal Supremo de Albania; los abogados Andrés Ruiz (España), Pablo Solines (Ecuador) y Pascal Peña (República Dominicana).