Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Federación Dominicana de Comerciantes, Inc. y compartes contra la Resolución núm. 04/2014, emitida por el director general de Impuestos Internos el cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014).
Acción directa de inconstitucionalidad. Legitimación activa: interés legítimo y jurídicamente protegido (arts. 185 Constitución y 36 LOTCPC). Resolución cuestionada: al ser un acto administrativo de carácter normativo y alcance general es susceptible de una acción directa TC/0041/13. Acción directa de inconstitucionalidad: finalidad (art. 185 constitución). Dirección general de impuestos internos: no se atribuye potestad sancionadora, pues remite al código tributario. Derecho a la libertad y seguridad: no vulneración (art. 40. 17 Constitución). Soluciones fiscales: al limitar la instalación y mantenimiento a empresas previamente autorizadas procura garantizar la obediencia de la legislación vigente. Derecho a la libertad de empresa: no se configura su vulneración (art. 50 Constitución). Recurso contencioso administrativo: vía competente para dirimir los conflictos derivados de la contratación de empresas. Dirección general de impuestos internos: se limita a precisar las sanciones ya previstas en la ley. Derecho de propiedad: no limitación (art. 51 constitución). Delito de defraudación fiscal: configuración y alcance. Estado dominicano: potestad de ordenar el cierre de una empresa que haya realizado una acción anti jurídica. Derecho al trabajo: no vulneración. Firma de acta de compromiso: acto voluntario no obligatorio. Firma de acta de compromiso: no lesiona el derecho al debido proceso. Resoluciones administrativas: procedimiento aplicable (TC/0201/13). Principio de buena fe: vigencia en el caso concreto. Recaudación de tributos: no constituye un servicio público (art. 243 constitución). Dirección general de impuestos internos: autonomía (art. 3 ley núm. 227- 06). Acción directa de inconstitucionalidad: admite y rechaza.