Panelistas debaten “El Debido Proceso como Garantía de Protección de los Derechos Fundamentales” en la Jornada
BARAHONA. Tres expertos en materia de derecho debatieron la temática del “Debido Proceso como Garantía de Protección de los Derechos Fundamentales”, como parte del programa desarrollado en la Tercera Jornada de Justicia y Derecho Constitucional, efectuada en esta ciudad.
La moderación del panel estuvo a cargo del magistrado Wilson Gómez Ramírez, quien resaltó las condiciones profesionales de Robinson Cuello Shanlate, catedrático de UNIBE, el magistrado Manuel Antonio Ramírez Suzaña, presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana y Laia Rojas Alfau, asesora de la Presidencia del TC.
Cuello Shanlate sostuvo que la historia contemporánea está marca por la definición y contenido de los derechos fundamentales y sus garantías, siendo la protección y tutela de estos derechos valores supremos para la existencia de un Estado Social Democrático de Derecho.
Explicó que el debido proceso implica la observancia de un conjunto de principios y normas que son imprescindibles en toda materia, para que las personas puedan obtener la protección efectiva de sus derechos fundamentales de forma adecuada y hacer valer sus pretensiones en cualquier proceso.
Estas garantías son reglas mínimas que deben ser observadas no sólo en los procesos judiciales, sino que son extensivas a todo tipo de procesos.
En su conclusión, el experto en derecho inmobiliario dijo que el desafío de la justicia constitucional dominicana es la formación de una cultura jurídica, que garantice la prevalencia de los derechos fundamentales, solo alcanzables mediante el cumplimiento estricto de las reglas del debido proceso.
De su lado, Ramírez Suzaña dijo que la Constitucionalización de los procesos está muy ligada a la oralidad y al artículo 69 de la Constitución y transversaliza los procesos de toda índole, incluyendo los procesos administrativos.
Sin embargo, consideró que más allá de la constitucionalización de los procesos, se debe hablar de la constitucionalización de la sociedad, para lo cual, es necesario darle vida a la Constitución, que las personas la conozcan y la apliquen en su vida y entorno social; tomando en cuenta el artículo 40 sobre la seguridad personal, que sería la parte penal de la Constitución, porque va desde la detención hasta la correspondiente a la reinserción social de la persona justiciable.
Mientras que Rojas Alfau, experta en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios, se limitó a presentar cuatro casos donde el TC ha emitido sentencias sobre el tema de la igual entre un hombre y una mujer.
Entre esas sentencias está la TC/0159/13, una acción de directa de inconstitucionalidad que modifica la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral 275-97, de 21 de diciembre 1997 y la decisión de la sentencia TC/0070/15, referente a una a acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 35 la Ley 1306 sobre divorcio y la TC/0012/12, relacionada a la acción de amparo incoada por la señora Lauriana Villar contra la Junta de Retiros de las Fuerzas Armadas.
Al final de su presentación la asesora de la Presidencia del TC explicó que el tema sobre la igualdad de género es un debate que no está cerrado y que en la medida en que la Alta Corte se enfrente a nuevas situaciones y conflictos donde estén en juego los derechos fundamentales de la mujer y los precedentes vinculantes, seguirán ampliándose significativamente.
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