Magistrado Ray Guevara participa en Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados Constitucionales de América Latina
El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, expuso este viernes dos de junio en Brasilia, Brasil, sobre Ética Judicial y Buenas Prácticas en la Administración Judicial al participar en el XXIII Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina.
En el encuentro también participan el juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, José Ayú Prado Canals, de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, José Francisco De Mata Vela, de la Corte Constitucional de Colombia, Luis Guillermo Guerrero Pérez, y como especialista internacional el representante de Transparencia Internacional, José Ugaz Sánchez-Moreno, entre otros.
La actividad se inició el jueves primero de junio y se extiende hasta el sábado tres, convocada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, presidido por la magistrada Cármen Lúcia Antunes Rocha, auspiciado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
El magistrado Ray Guevara asiste al encuentro en compañía del juez del TC dominicano, Víctor Gómez Bergés y el doctor Nelson Reyes Ureña, director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la alta corte.
En el encuentro se abordan los ejes temáticos sobre la Esclavitud en la Modernidad, Ética Judicial y Buenas Prácticas en la Administración Judicial, Papel de los Tribunales Constitucionales en la Lucha contra la Corrupción y sobre Derechos Fundamentales, Constitución y Economía.
Se trata de un seminario cerrado, en el que cada ponente debe tratar sobre la experiencia en su país del tema que le corresponda y tiene como objetivo generar un diálogo franco entre magistrados y ministros participantes, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expertos internacionales, sobre cuestiones del ámbito del derecho constitucional, convencional, internacional y los derechos fundamentales en América Latina.
Los magistrados participantes recibieron documentos descriptivos de los temas, con aspectos generales, en los que se formulan preguntas sobre el tratamiento que reciben los mismos en cada país representado.
En lo relativo a la Ética Judicial y Buenas Prácticas en la Administración de Justicia, tema abordado por el magistrado Ray Guevara, se plantea el cumplimiento de las responsabilidades de los poderes judiciales frente al acceso a la justicia y la garantía de los derechos, que orientan las acciones constitucionales, cuyas sentencias son medios eficaces y objetivos.
El documento que se discute se plantea el papel de los tribunales constitucionales en la lucha contra la corrupción, indicando que pese a los diversos esfuerzos que se han emprendido en los estados latinoamericanos para enfrentarla, esta sigue afectando gravemente a la región.
En el XXIII Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina además de Brasil y República Dominicana, participan Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay, entre otros.
Figuran, además, una magistrada de Alemania y expertos de Transparencia Internacional, de Perú y Colombia.
El magistrado Ray Guevara destacó que el TC arribó este año a su quinto aniversario, “por lo que muchas de las problemáticas que tratamos, si bien no nos son ajenas, apenas estamos empezando a abordarlas”.
Señaló que el tema de los estándares éticos, en particular, aún no ha sido institucionalizado, pero que trabajan desde el año pasado una propuesta reglamentaria de “Código de Ética y Régimen de Consecuencias” y dijo estar consciente de que su función deriva en un compromiso que no puede vislumbrase a partir de la exigencia de responsabilidades penales, civiles y políticas, sino que obliga a cultivar virtudes que les hagan merecedores de la confianza ciudadana y con ello legitimar esa jurisdicción, en base a tres principios: independencia, imparcialidad y motivación.
Recordó que el primero de estos principios lo abordó en el XX Encuentro de Presidentes y Magistrados de Tribunales y Salas Constitucionales de América Latina en 2014, en Buenos Aires, Argentina, donde destacó que la independencia “es la separación del poder jurisdiccional de los otros poderes u órganos del Estado, con el reconocimiento de la autonomía que le corresponde en el ejercicio de la función de juzgar”.
El magistrado Ray Guevara agregó que el principio de imparcialidad ha sido abordado por el Tribunal en la Sentencia TC/0531/15, que distingue “entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes y una imparcialidad objetiva, referida al objeto del proceso.
Explicó que el principio de motivación ha sido abordado a partir de la Sentencia TC/0009/13, en la que se estableció que los jueces deben incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación y correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo
con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.
Consideró que para enfrentar los problemas éticos en la judicatura pueden apelar a los mecanismos tradicionales de responsabilidad judicial y dice que la Constitución dominicana reconoce, de manera difusa, tres tipos de responsabilidades exigibles a los magistrados constitucionales: penal, civil y política.
Explicó que la responsabilidad civil sería exigible por los daños y perjuicios ocasionados por una actuación u omisión antijurídica del juez, tomando como parámetro de refuerzo lo establecido en el artículo 148 de la Constitución.
En cuanto a la responsabilidad política, dijo que se configura por el incumplimiento de los deberes profesionales inherentes al juez y su conocimiento compete al Senado de la República tras la acusación presentada por la Cámara de Diputados por vía del denominado juicio político consagrado en el artículo 83, numeral uno de la Carta Magna.
Se declaró a favor de la crítica respetuosa y responsable de las decisiones jurisdiccionales como mecanismo legítimo de control ciudadano que coadyuva al fortalecimiento del Poder Jurisdiccional, pues en una sociedad democrática todos los poderes públicos, y el Tribunal Constitucional no es la excepción, están expuestos al escrutinio público.
Adujo que como bien expresó el notable magistrado y ex-Presidente del Tribunal Constitucional español, asesinado por la intolerancia del terrorismo, don Francisco Tomás y Valiente: “El Tribunal no debe obsesionarse nunca por el eco de sus resoluciones. Ni ha de buscar el aplauso ni ha de huir de la censura, porque en una sociedad democrática dotada de las libertades que el propio Tribunal ampara, siempre habrá, en cada caso, ante cada sentencia no rutinaria, aplausos y censuras, sea cual sea la intensidad relativa de unos y otros, y sean quienes sean en cada ocasión los conformes y los disconformes”.
DEPARTAMENTO DE PRENSA
02 de junio de 2017
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