Magistrado Rafael Díaz Filpo expone en Perú sobre la constitucionalización del derecho penal y del proceso penal
LIMA, PERÚ. -El magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional (TC), aseguró este lunes en la capital de Perú que la rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución son los primeros elementos que contribuyen al fenómeno de la constitucionalización del derecho.
“Para que su contenido pueda permear al resto del ordenamiento, es preciso que la Constitución no pueda alterarse por medios ordinarios”, destacó el juez Díaz Filpo al disertar en la V Jornada de la Escuela Internacional de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, titulada “Derecho procesal constitucional: una mirada comparada entre Perú y la República Dominicana”, actividad que concluye el martes 23 del mes en curso y en la que también participa como ponente el magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, también del TC.
En la conferencia ‘La constitucionalización del derecho penal y del proceso penal’, Díaz Filpo indicó que para asegurar la objetividad de la carta sustantiva y su aplicación se requieren los elementos institucionales que caracterizan el diseño y el ejercicio de la función jurisdiccional de que carecen los órganos netamente políticos.
Recordó que la constitucionalización del derecho es el fenómeno jurídico donde el ordenamiento legal de un país debe estar regido por la Constitución en su interpretación y aplicación.
Aclaró que el proceso de constitucionalización supone dotar de contenido normativo a todas las disposiciones contenidas en la carta fundamental y que su fuerza normativa dependerá de la forma en que estén redactadas, de los alcances interpretativos que les haya dado la jurisdicción constitucional y de los ejercicios analíticos que hagan los doctrinarios.
En ese sentido, sostuvo que no cabe duda de que las normas constitucionales son, ante todo y sobre todo, normas jurídicas aplicables y vinculantes. Sobre esto enfatizó en la fuerza vinculante del contenido de la Constitución, su máxima validez jerárquica además de hablar de la interpretación de los casos conforme a la Constitución conforme a la Constitución.
Respecto a la influencia de la Carta Magna en las relaciones políticas, explicó que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no están llamados a asumir actitudes de moderación o control frente a lo que en alguna época se ha llamado ‘cuestiones políticas’, y opinó que todos los espacios del quehacer público del Estado deben ser conducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional.
Expresó que por los actores políticos han de utilizar las normas constitucionales para argumentar y defender sus posiciones políticas o de gobierno.
Al respecto, el magistrado Díaz Filpo abundó que la “penetración” del derecho constitucional en el proceso ordinario y en el político no sólo implica la simple supremacía constitucional, sino que también “se relaciona con el desarrollo de las funciones constitucionales y con la idea constitucional de los actores participantes.
Defensa de los derechos y protección de la Constitución
El magistrado Díaz Filpo subrayó que la Constitución dominicana de 2010 -que a juicio del destacado maestro constitucionalista español Diego López Garrido es la más avanzada de Iberoamérica- estableció los mecanismos de protección para la defensa de los derechos, entre otros aspectos contenidos en la ley de leyes.
Agregó que los órganos de garantías constitucionales son los encargados de cierre en materia constitucional y son encargados, entre otras funciones, de velar por la guarda y la supremacía constitucional.
“Si la carta sustantiva es norma de normas, creemos que todo el derecho, y en especial el derecho penal, debe estar sometido a los preceptos constitucionales”, opinó, antes de concluir con una motivadora frase Gerard Ford: “La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades, guárdala y cuídala; mantén el honor y el orden en tu propia casa, y la República perdurará”.
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