Especialistas analizan avances y retos del derecho administrativo en IV Congreso sobre Derecho y Justicia Constitucional

 

SANTO DOMINGO. - El desarrollo del derecho administrativo en República Dominicana sienta sus bases con el inicio de los trabajos del Tribunal Constitucional, afirmó hoy el jurista y diplomático Olivo Rodríguez Huertas al participar en el panel sobre “La Constitucionalización del Derecho Administrativo. El Camino hacia el Control de la Administración”, durante el IV Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional que realiza la alta corte.

El embajador de República Dominicana en España dijo que en la actualidad se puede hablar de que existe un derecho administrativo constitucionalizado, no por el gran número de reglas y principios directamente aplicables a la actividad administrativa, sino también por el extraordinario desarrollo a través de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional.

“Hace diez años, cuando salía a eventos internacionales de derecho administrativo, las exposiciones se limitaban al desarrollo de reyes y reglamentos, con una escasa presencia de la jurisprudencia. Hoy con el surgimiento y el trabajo arduo del Tribunal Constitucional, el derecho administrativo se ha transformado totalmente y hay una vasta y rica jurisprudencia constitucional”, señaló Rodríguez Huertas, socio de la firma Escobal, Pérez y Rodríguez.

En el panel, que analizó los avances y retos del derecho administrativo en República Dominicana, participaron también los magistrados Rafael Vásquez Goico (presidente del Tribunal Superior Administrativo) y Mildred Hernández (Corte de Trabajo del Departamento Judicial) y la abogada  Rosina de la Cruz Alvarado (bufete De la Cruz Alvarado Abogados.

El control de la legalidad y la justicia administrativa, nuevos paradigmas de los procedimientos administrativos y los límites constitucionales en el ejercicio de los poderes de la administración pública fueron algunos de los tópicos principales abordados en este panel, que contó con la moderación de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, jueza titular del TC.

“El derecho constitucional es el armazón de todo Estado, pero el derecho administrativo le da contenido… uno no puede existir sin el otro”, afirmó en su intervención De la Cruz, observando que, desde el inicio de la República Dominicana, la Constitución ha contenido a grandes rasgos la organización administrativa, aun cuando el nivel de nuestra cultura general y en especial la jurídica no hayan promovido estudios sobre la misma.

Mencionó como nuevos paradigmas de los procedimientos administrativos son los contenidos en la motivación de la Ley 107-13, así como los principios que ella establece como garantía del derecho fundamental a la buena administración que tenemos todos los dominicanos.

Enfatizó en el deber de los ciudadanos de “empoderarse, apropiarse de los derechos que la Constitución y las leyes les reconocen y garantizan, a fin de que la Administración Pública tanto nacional como local conozcan los límites de sus actuaciones”.

En este orden, la magistrada Hernández señaló que la Constitución Dominicana garantiza los derechos de los administrados sin quitarle a la Administración Pública, dentro de un amplio margen de acción, su derecho de gestionar de manera eficiente el interés general, agregando que la importancia de la Administración difícilmente puede ser sobrevalorada en el Estado Constitucional tal y como lo conocemos.

Dijo que, no obstante, “la potestad de la Administración Pública nunca podrá realizarse de manera desproporcional, arbitraria, ilegítima, etc., ya que de lo contrario estaría cometiendo una infracción constitucional, pues en esa función nunca puede sacrificar excesiva e innecesariamente los derechos de los particulares cuando sea necesario en aras de preservar el interés público”.

En su participación, el magistrado Vásquez Goico dijo que sería ideal que no existieran límites ni requisitos especiales para el acceso a la jurisdicción administrativa y que los Tribunales de ese orden se abocaran a reglar la legalidad de todas las actuaciones cuyo control requirieran las personas, satisfaciendo de ese modo el mandato dispuesto por la cláusula del Estado de Derecho.

“Sin embargo, también es cierto que todo Tribunal, por mucha estructura que tenga, solo puede atender a una suma determinada de casos en términos materiales, ello al igual que una oficina pública solo puede atender eficazmente un número limitado de peticiones o un hospital una cantidad determinada de enfermos”, puntualizó.

Abogó por que se cree un equilibrio entre la posibilidad de una acción popular donde no existan límites ni requisitos especiales para el acceso a la jurisdicción, ni sean de importancia práctica las nociones jurídicas de interés o legitimidad; y la existencia de un derecho subjetivo previsto con anterioridad de manera expresa por el ordenamiento jurídico, lo que ya hemos visto restringe más el acceso a la justicia que la noción de interés legítimo, que es más flexible que aquella.

Los juristas compartieron sus impresiones durante el segundo día de conferencias y paneles del congreso que se realiza hasta mañana viernes en el Hotel Sheraton de esta ciudad. El evento, dirigido a profesionales y estudiantes del derecho, se realiza para promover y estudiar el Derecho Constitucional y los Derechos Fundamentales, como iniciativa propiciadora del establecimiento y fortalecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana.

 

 

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