Magistrado Bonnelly Vega destaca sentencias TC sobre garantías mínimas del debido proceso
La Oficina Nacional de la Defensa Pública entregó al magistrado Bonnelly Vega el Premio Fray Antonio de Montesinos
SANTIAGO. El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega explicó que el Tribunal Constitucional (TC) es la jurisdicción responsable de establecer los límites y el alcance del debido proceso, y ha emitido diversas sentencias que ratifican las garantías mínimas que asisten a toda persona para procurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso llevado a cabo en su contra.
El juez del TC abordó el tema al pronunciar la conferencia «El debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», actividad organizada por la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), la seccional del Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Oficina Nacional de la Defensa Pública quien, en el marco del acto entregó al magistrado Bonnelly el Premio Fray Antonio de Montesinos, que cada año entrega esa oficina.
«El debido proceso debe operar como un límite al ius puniendi del Estado para asegurar que la decisión jurisdiccional que dirima el conflicto no solo sea formalmente válida, sino también legítima», dijo Bonnelly Vega en su conferencia, en la que analizó las garantías mínimas estipuladas en el artículo 69 de la Constitución y sentencias relacionadas emitidas por el TC.
En su ponencia, el juez de la alta corte destacó el papel central que tienen las garantías del debido proceso en el ámbito penal, dado que en estos procesos entran en juego derechos fundamentales de trascendental importancia, como la libertad, la dignidad humana y la propiedad privada.
El magistrado analizó cada una de las garantías mínimas que enumera la carta magna, como el derecho a acceder a la justicia de forma oportuna. Señaló que a pesar de que este derecho reviste una vital importancia en el proceso penal, las modificaciones al Código Penal de 2015 mermaron un tanto el respeto a la garantía de ser juzgado en plazo razonable.
Esto «ha permitido que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en diversas ocasiones apoyando la corriente de lo que yo llamo una “garantía mitigada”», dijo Bonnelly Vega, quien citó sentencias como la TC/0214/15, sobre la duración máxima del proceso penal; la TC/0213/20, sobre la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, y los fallos TC/0394/18, TC/0549/19 y TC/0176/21, sobre la demora judicial, entre otras.
De igual manera, el magistrado mencionó sentencias emitidas por el TC sobre la imparcialidad judicial, estableciendo que los jueces no pueden tener ningún tipo de interés en los asuntos a considerar (TC/0483/15), ni tampoco haber intervenido anteriormente en la misma causa (TC/0095/20).
«Tanto la independencia del juez como su imparcialidad, son garantías constitucionales del debido proceso de ley y a una tutela judicial efectiva, que además contribuyen a fortalecer la legitimidad y credibilidad del sistema de justicia. Así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0157/21» comentó el juez.
También hizo referencia a sentencias dadas por la corte constitucional en cuanto a la presunción de inocencia (TC/0051/14, TC/0294/14), el carácter contradictorio del proceso penal (TC/0006/14) la igualdad entre las partes durante el juicio (TC/0337/16), el principio de oralidad (TC/0446/17, TC/0133/19) y el derecho a no ser juzgado ni perseguido dos veces por la misma causa o los mismos hechos (TC/0381/14, TC/0375/14), entre otras garantías mínimas.
Esta conferencia, presentada en el Auditorio Manuel Arsenio Ureña de Utesa, se realizó en ocasión del Día del Abogado y en conmemoración de la trayectoria de la defensa pública de esta provincia.
Estuvieron presentes en el acto la gobernadora de la provincia, Rosa Santos; el fiscal Osvaldo Bonilla; la encargada de la Oficina de la Defensoría Pública, Daysi Valerio, y la rectora de Utesa, Lili Rodríguez, entre otras personalidades.
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