Magistrada Army Ferreira habla sobre el rol del derecho de propiedad intelectual en evento internacional

ESPAÑA. La magistrada Army Ferreira, jueza del #TCRD, participó en el 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que este año tuvo como lema «Los derechos humanos de las generaciones futuras», realizado en Madrid, España.

En el panel «Preservación del patrimonio cultural de la humanidad», la magistrada se refirió al rol del derecho de propiedad intelectual como mecanismo para la protección del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, junto a los presidentes de los tribunales constitucionales de Turquía y Marruecos, que estuvo moderado por España, con la relatoría de Chile.

Al abordar el tema, la magistrada Ferreira hizo referencia a tres aspectos que se pueden resaltar para la protección de este patrimonio, entre los que resalta el reconocimiento jurídico del origen de una idea, la protección de la distintividad cultural que proviene de ella y la integración de la protección de los derechos culturales de las comunidades y sus tradiciones. 

«El derecho de propiedad intelectual no solo salvaguarda creaciones humanas particulares, sino que puede actuar como pilar para preservar la esencia comunitaria de la humanidad en una era de desafíos globales», resaltó la jueza del TC.

Agregó que el derecho de propiedad intelectual no solo previene la explotación, sino que fomenta la innovación cultural, asegurando que tradiciones como las de los pueblos originarios perduren como elementos distintivos en el tapiz global.

Destacó que el patrimonio cultural inmaterial de América está moldeado por experiencias únicas que van desde las civilizaciones precolombinas hasta las fusiones afrodescendientes y europeas, y que la Unesco ha reconocido elementos que ilustran cómo el continente preserva vivas sus raíces, como la cerámica Awajún en Perú; la música y baile del pasillo, en Ecuador; la música y baile del merengue y la bachata, en la República Dominicana, así como diversas tradiciones de Venezuela, Bolivia y Panamá.

En el marco del derecho constitucional americano, resaltó que la protección del patrimonio cultural inmaterial adquiere una dimensión fundamental, ya que se vincula directamente con derechos humanos como la identidad cultural y la diversidad. Constituciones en América Latina, como las de México, Bolivia y Ecuador, incorporan cláusulas que reconocen la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, obligando al Estado a salvaguardarlos.

Citó el artículo 52 de la Constitución dominicana, que protege el derecho de propiedad exclusiva de toda producción del intelecto humano, así como el artículo 64, donde se consagra el derecho fundamental a la cultura, reconociendo que el patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado y son inalienables e inembargables y dicha titularidad, imprescriptibles.

«Aquí es donde el derecho de propiedad intelectual emerge como el fundamento robusto del patrimonio inmaterial. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el derecho de propiedad intelectual proporciona herramientas como derechos de autor, marcas colectivas y patentes para proteger expresiones culturales tradicionales, considerándolas no solo como bienes comunes, sino como creaciones intelectuales que merecen reconocimiento exclusivo», destacó.

La magistrada Ferreira se refirió al conflicto inherente entre el derecho de propiedad intelectual y la noción de patrimonio cultural inmaterial, una relación que calificó como compleja y a menudo delicada. «Mientras el derecho de propiedad intelectual protege creaciones individuales por un tiempo limitado, el patrimonio cultural inmaterial abarca prácticas, conocimientos y expresiones colectivas transmitidas generacionalmente, generando puntos de fricción como la propiedad individual versus colectiva…», afirmó.

Compromisos

La magistrada Army Ferreira concluyó su participación invitando a los presentes a promover y proteger la propiedad intelectual con un enfoque comunitario y constitucional, como garantía efectiva del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

También propuso asumir tres compromisos, el primero de los cuales consiste en poner en el centro a las comunidades en toda decisión relacionada con gobernanza, consentimiento y beneficios y diseñar instrumentos de propiedad intelectual a la medida del patrimonio cultural inmaterial, así como educar y cooperar, a través de inventarios y registros vivos, además de compensaciones justas.

«El patrimonio cultural no es cosa muerta que hay que embalsamar, es vida en curso, y protegerlo es honrar nuestro pasado, servir nuestro presente y legar dignidad e identidad a las futuras generaciones», afirmó ante los asistentes en el evento internacional.

En el 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras participó una delegación del Tribunal Constitucional encabezada por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente de esta alta corte, e integrada por los magistrados José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Army Ferreira, así como la directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, Heidy Berroa, y la directora de Despacho de Presidencia, Montserrat Pérez.

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